Este 23 de julio el Estado debería presentar una propuesta acorde a las demandas de los pueblos indígenas afectados, tras 45 años de explotación del Lote 192

Iquitos.- El 15 de julio se inició la penúltima etapa del proceso de Consulta Previa en el Lote 192. Perupetro anunció la llegada de la Ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, para el sábado 18 (pero no llegó). Además, ese mismo día, el Estado solicitó un cuarto intermedio para preparar la presentación de su respuesta a las propuestas formuladas por las comunidades de Corrientes y Pastaza.

Dichas propuestas fueron consignadas en un Acta de Evaluación Interna que consta de 27 puntos, fueron elaboradas por las comunidades nativas y sus federaciones, y formuladas en relación a la medida consultada constituida por el decreto supremo que aprobaría la configuración del Lote 192, además del contrato de exploración y explotación. El acta fue entregada al Estado el 10 de julio a través de Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Teniendo como contexto la continuidad de la explotación de hidrocarburos en el Lote 192 en los siguientes 30 años, las propuestas de las comunidades nativas están referidas a su desarrollo, salud, justicia, identidad indígena, seguridad, empleo, capacitación, participación, protección ambiental, territorio, servidumbre y compensaciones.

El 16 de julio, luego del largo cuarto intermedio solicitado por el Estado, al reiniciarse el diálogo los representantes de las comunidades de Alto Capahuari y Jardines decidieron retirarse del mismo sosteniendo que no se les permitía participar como federación. Ante esto el Estado decidió reunirse sólo con este grupo, generándose tensión e incomodidad entre los apus en vista de que dichas comunidades no deseaban incorporarse al diálogo como tales, sino como una Federación que en la práctica no tiene ningún tipo de representación y formalmente tampoco existe.

El 17 de julio, el Estado hizo entrega de una contrapropuesta, acordando que los Apus y sus federaciones revisen dicho documento, que por cierto no respondía a todos los puntos planteados y en otros remitía al acta suscrita con las federaciones el 10 de marzo de 2015, cuyos compromisos alcanzan los 45 años pasados de actividad petrolera, mas no los próximos 30 años.

El 18 de julio, los Apus propusieron como primer punto el aporte estatal de 1000 millones de dólares por los próximos 30 años de explotación petrolera, que serían utilizados para su propio desarrollo, respecto a lo cual el Estado ha evidenciado falta de claridad e incapacidad para articular una propuesta coherente con las propuestas de las comunidades. Al momento de tener que reiniciarse el diálogo en horas de la tarde, se produjo la demora injustificada de los funcionarios del Estado, ante lo cual los Apus de las cuencas del Pastaza y Corrientes y sus federaciones FECONACO y FEDIQUEP, indignados por esta actitud, decidieron suspender el diálogo y otorgar un plazo de tres días útiles (que se cumple este 23 de julio), para que el Estado de respuesta clara, coherente y definitiva a sus propuestas.

A lo antes dicho debemos de informar que el diálogo se retomará en un contexto de renuncia del presidente del directorio de Perupetro Luis Ortigas que será efectiva al 23 de julio, y su reemplazo por el empresario Rafael Zoeger desde el 24 de julio. A esto se suma la anunciada postergación de la apertura de sobres de propuestas técnicas (Pluspetrol, Pacific Rubiales y Perenco) al 4 de agosto, debiendo anunciarse un ganador de la licitación del Lote 192 el 6 de agosto.

Por ello, FEDEPAZ (miembro del equipo técnico de asesoramiento a las comunidades nativas y a sus federaciones) exige que el Estado evidencie un compromiso real y serio con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas amazónicos, en especial con los del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón que desde hace más de 45 años sufren las consecuencias de la explotación petrolera en sus territorios y que, como lo vienen señalando, nunca han sido escuchados en sus demandas de mejora de las condiciones de explotación petrolera en sus territorios, minimizando los impactos en sus tierras, en su salud y en sus vidas.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 22 de julio de 2015.

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