Fedepaz presente en audiencia CIDH

NOTA DE PRENSA

162 PERIODO DE SESIONES CIDH

Audiencia temática “Derecho a la verdad, justicia y reparación en el Perú”

CIDH expresa preocupación por la modificación constitucional que permite criminalizar a defensores/as de derechos humanos en el Perú

foto davidBuenos Aires, 25 de mayo de 2017.- FEDEPAZ participó a la audiencia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre “Derecho a la verdad, justicia y reparación en el Perú”. El evento transcurrió de 9 a 10 a.m. en el Salón A del Sheraton Hotel de Buenos Aires (Argentina), en el marco de su 162º Período Extraordinario de Sesiones.

El Estado Peruano estuvo representado, entre otros, por el ProcuradorPúblico Adjunto Supranacional, Iván Bazán Chacón. La delegación de la sociedad civil estuvo integrada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), DEMUS - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Instituto de Defensa Legal (IDL) y Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ).

El representante y director de FEDEPAZ, David Velazco Rondón, denunció que se está generando una situación de impunidad sobre gran parte de las investigaciones y proceso judiciales, sobre casos suscitados durante el conflicto armado interno que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000.

Igualmente, precisó que esta situación de impunidad se está trasladando, como un mismo patrón, a los procesos penales generados alrededor de la problemática de los conflictos socioambientales, expresada en la criminalización de la protesta social en Perú.

En cuanto al tema de la criminalización de la protesta social se trató cuestiones fundamentales como la instrumentalización del derecho constitucional y del derecho penal, para perseguir a los dirigentes de las protestas que defienden sus derechos fundamentales, ampliándose por parte del Estado, supuestos de detención preliminar policial de 1 día a 15 días y la inexistencia de justicia y reparaciones para las víctimas de la criminalización de la protesta social.

Velazco inició su intervención explicando que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, deniega injustificadamente la información sobre la identidad de los efectivos militares investigados por graves violaciones a los derechos humanos, lo cual supone la dilación innecesaria de las investigaciones fiscales o judiciales. Asimismo, indicó que el Estado Peruano ha gastado más de 150 mil dólares en la defensa legal privada de presuntos perpetradores de violaciones de derechos humanos, tanto en el contexto del conflicto armado interno como en el de la actual protesta social.

Mientras tanto, las víctimas se encontraban en total desamparo en cuanto a la defensa legal. Sólo desde el 2014 se nombraron tres abogados de la defensa pública para los casos de víctimas en Ayacucho, Apurímac y Huánuco. Sin embargo, desde septiembre de 2016, dicha defensa ha reducido su atención por no recibir los recursos necesarios.

En cuanto a los conflictos sociales de hoy, el representante de FEDEPAZ expresó su gran preocupación porque mediante la modificación del artículo 2º inciso 24 apartado f de la Constitución Política del Perú, se ha incorporado el supuesto de organización criminal a los casos en que la policía puede disponer prisión preliminar de hasta por 15 días.

Esto resulta una grave amenaza para los defensores de derechos humanos y todos los que participan en la defensa de sus derechos fundamentales, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta social, porque se les denuncia e investiga por asociación ilícita para delinquir (una modalidad de la organización criminal); y como tal son susceptibles de ser detenidos hasta por 15 días, sin cargos concretos y sin intervención del fiscal ni del juez.

Al respecto, los integrantes de la CIDH expresaron su preocupación por la situación de la modificación constitucional que expone a los defensores de derechos humanos a la criminalización y a la detención sin cargos concretos hasta por 15 días; porque son las propias víctimas las que solicitan la defensa legal estatal y no es el Estado quien se la ofrece; y por la falta de perspectiva de género en el Ministerio Público y Poder Judicial cuando se investiga y procesa a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, solicitaron al Estado peruano y a la delegación de la sociedad civil, conformada por FEDEPAZ, CNDDHH, IDL, APRODEH y DEMUS, a seguir informando a la CIDH sobre la evolución de la problemática expuesta.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 25 de mayo de 2017.

Fotografía publicada por Red Muqui.
 
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