Gravísima decisión del gobierno peruano

MINISTERIO DE SALUD ELIMINA LA DIRECCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

 2016 Junio. INSV 1El gobierno peruano acaba de aprobar el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Salud (MINSA)[1]. Dicho Reglamento sería un instrumento legal interno más para que el MINSA desarrolle su trabajo, sino fuera porque da cuenta que se ha eliminado la Dirección de Pueblos Indígenas como Unidad Orgánica de la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, adscrita al Despacho Viceministerial de Salud Pública como lo planteaba el ROF anterior[2].

Esta decisión resulta sorprendente y escandalosa si consideramos que, el referido Decreto Supremo ha sido refrendado por el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Cultura.

Se trata de un gravísimo retroceso en el tan difícil camino hacia la inclusión y la aplicación de criterios de pertinencia cultural como base de las políticas públicas, para atender necesidades y problemáticas específicas de los pueblos indígenas del país, en este caso, de un derecho tan fundamental como es el derecho a la salud.

 

En un contexto de álgida conflictividad socioambiental, a causa de la afectación directa al medioambiente y a los territorios donde habitan comunidades campesinas andinas y nativas amazónicas; decisiones como éstas no hacen más que agudizar el desencuentro y la percepción  de abandono y exclusión hacia esta población.

El modelo económico basado en el extractivismo que el propio gobierno promueve y facilita sin consulta previa, no sintoniza con la obligación internacional del Estado Peruano de formular e implementar políticas y lineamientos en materia de prevención y control de riesgos y daños a la salud de los pueblos indígenas. En efecto, esta conducta contraviene normas internacionales suscritas como el Convenio 169 de la OIT, en cuyo artículo 25 se señala que “Los servicios de salud (…) deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales”.

Por lo tanto, el que diferentes sectores de gobierno involucrados en el desarrollo social, político, económico, cultural de estos pueblos indígenas u originarios, hayan aprobado una norma legal que elimina una unidad especializada en la salud de los pueblos indígenas del país, resulta no sólo peligroso sino indignante, en tanto se está actuando en evidente violación de sus derechos fundamentales, más aún cuando en el citado artículo del Convenio 169 se señala que: “La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país”.

Por ello, EXIGIMOS que nuestros hermanos y hermanas indígenas sigan contando con instancias especializadas que formulen, intervengan y acompañen sus necesidades en materia de salud, más aún cuando son las principales víctimas de la severa contaminación producida por los proyectos de inversión que responden al modelo económico impulsado por este gobierno.

Con el ruego de su difusión. Lima, 13 de Marzo de 2017.
 
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