CIDH: Estado Peruano y DDHH

Audiencia General “Política del estado peruano en materia de derechos humanos”

CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Y LOS CONVENIOS DE SEGURIDAD PRIVADA ENTRE POLICÍA Y EMPRESAS PRIVADAS

Panamá, 2 de diciembre de 2016.- FEDEPAZ participó a la Audiencia General convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH sobre “Política del Estado Peruano en materia de derechos humanos”. La audiencia tuvo lugar de 9:45 a.m. a 10:45 a.m. en la Sala A del Hotel Radisson Decápolis en Ciudad de Panamá, en el marco de su 159º Período Ordinario de Sesiones.

16.12 CIDH DAVID

El Estado Peruano estuvo representado por la Dra. Marisol Pérez Tello, Ministra de Justicia y Derechos Humanos. La delegación de la sociedad Civil estuvo integrada por la COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DEMUS, PROMSEX y FEDEPAZ, siendo esta última representada por David Velazco Rondón, su Director Ejecutivo.

David Velazco Rondón, alrededor de la problemática de los conflictos socio-ambientales, expuso el tema de la criminalización de la protesta social en Perú y el tema de los convenios de seguridad privada entre la policía nacional y empresas de seguridad privada.

En cuanto al tema de la criminalización de la protesta social se trataron cuatro cuestiones fundamentales, el uso indiscriminado de la fuerza policial y militar, la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los dirigentes de las protestas, la campaña  de difamación a los defensores de derechos humanos y la inexistencia de justicia y reparaciones para las víctimas de la criminalización.

Inició su intervención explicando que la política sistemática de criminalización por parte del Estado, se va manteniendo gracias a medidas legislativas como la Ley 30151: que permite la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y, el Decreto Legislativo 1095: que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del orden interno, sin o con declaración de Estado de Emergencia por parte del Ejecutivo.

Finalmente, señaló que el derecho penal se sigue utilizando como principal instrumento de criminalización de la protesta social citando como ejemplo de ello la reciente aprobación del Decreto Legislativo No. 1245 que aumenta injustificadamente las penas en delitos como daño agravado, hurto agravado, etc., que son tipos penales que normalmente son empleados para iniciar proceso penales a quienes participan en las protestas sociales.

En cuanto al tema de los convenios de seguridad privada suscritos en la Policía Nacional del Perú y empresas privadas, se señaló que en los actos de brutal represión, lamentablemente, muchas veces se ven involucradas empresas privadas que contratan los servicios de seguridad privada de la Policía Nacional del Perú. Mencionado que ello resulta de extrema gravedad para el respeto y promoción de los derechos humanos en el Perú, en tanto lo que se está produciendo es un fenómeno de delicadísima privatización de la fuerza pública al servicio de empresas privadas, fundamentalmente del sector minero extractivo y de hidrocarburos al punto que algunos analistas independientes hablan de la mercerización de la fuerza pública en favor de la defensa de intereses de grandes empresas nacionales y transnacionales.

Aquí precisó que el Estado peruano para facilitar y darle una apariencia de constitucionalidad a la intervención de las fuerzas policiales, en los términos antes citados, ha aprobado, recientemente, normas de jerarquía legal que, aunque prohíben servicios de seguridad privada por parte del efectivo policial de manera personal; por el contrario, ratifican la excepcionalidad de los contratos de servicios de seguridad privada brindados por la policía a empresas privadas (Decreto Legislativos Nos. 1148, 1213 y  1230).

En este punto señaló que la gravedad del tema se ha evidenciado de manera concreta cuando la Policía Nacional del Perú, en aparente cumplimiento de su función pública de control del orden interno en los conflictos sociales, desarrolla una actividad de represión qué, además, suele ser brutal, pero no sólo bajo la dirección de su comando sino, también, de la Gerencia General o Gerencia de Seguridad de las empresas privadas que han contratado sus servicios.

Al respecto, Fedepaz solicitó a la CIDH que exhorte al Estado Peruano a revisar y derogar las normas que criminalizan la protesta social, así como a establecer una política pública de protección a los defensores de derechos humanos

En el tiempo asignado por la Comisión para replicar, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos del Perú señaló que el tema de los contratos de seguridad privada estaba siendo revisado por el Estado peruano en el contexto de lo que debe ser la responsabilidad social empresarial en la línea de los principios voluntarios de las empresas de respeto a los derechos humanos, dando a entender que dichos convenios serían dejados sin efecto.

Al respecto, los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentes en la Audiencia expresaron su preocupación por la situación de plena vigencia de los derechos humanos en contexto de criminalización de la protesta social y, sobre todo, por la existencia de convenios de seguridad privada entre la policía y las empresas privadas, exhortando a ambas partes a mantener un diálogo para la solución de estos problemas.

Finalmente, solicitaron al Estado peruano y a los representantes de la sociedad civil, entre ellos a FEDEPAZ, a seguir informando a la Comisión sobre la evolución de la problemática de la criminalización en Perú y los convenios de seguridad privada.

La CIDH ha publicado el video de la sesión en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-y9qCTz7fgA

Con el ruego de su difusión.

Lima, 12 de diciembre de 2016.

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