Pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

¡DESIGNACIÓN YA!

EXIGIMOS AL CONGRESO LA ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, MAGISTRADO DEL TC Y NUEVO CONTRALOR DE LA REPÚBLICA

Las organizaciones de la sociedad civil, ante la excesiva demora en el nombramiento del Defensor del Pueblo, la designación del reemplazo del magistrado Óscar Urviola del Tribunal Constitucional y el inminente término de las funciones del Contralor de la República, y teniendo en cuenta las circunstancias en el país, exigimos la elección de estas altas autoridades, por lo siguiente:

1.    El presidente del Congreso, Luis Iberico, ha convocado para el tres de mayo a reunión de la Junta de Portavoces, decisión que saludamos. Es la última oportunidad para que antes que culmine esta legislatura, este poder del Estado y las bancadas políticas cumplan con su responsabilidad constitucional y política en la designación de las autoridades encargadas de la defensa de los derechos humanos y el control del poder.

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Defensoría del Pueblo exhorta a cumplir acuerdos - Lote 192

Tras su visita a Lima, los Apus de las comunidades nativas de las cuatro cuencas afectadas por la explotación petrolera en el Lote 192 (Loreto), se reunieron, junto a sus asesores de Puinamudt, con representantes de la Defensoría del Pueblo, incluyendo al propio Defensor del Pueblo, y de organizaciones de la sociedad civil aliadas a esta causa. Esta es la nota publicada por la Defensoría del Pueblo.

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Actual gestión municipal de la Provincia de San Ignacio coloca al pueblo awajún en situación de discriminación, exclusión y riesgo

Asamblea Yamakey-001Desde Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, denunciamos que el pueblo indígena awajún de San Ignacio (Cajamarca) viene siendo excluido por el actual alcalde provincial de San Ignacio, del Presupuesto Municipal que le corresponde como pobladores de dicha provincia. La Ley 28056 (Ley marco del Presupuesto Participativo) establece el proceso de Presupuesto Participativo como mecanismo de asignación equitativa y transparente del presupuesto público, para lo cual los gobiernos regionales y locales deben desarrollar estrategias de participación de la población en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización en la gestión.

Sin embargo, la actual gestión municipal no sólo no les ha pagado en el 2015 lo que les fue asignado en la priorización del 2014, sino que ni siquiera les ha incluido en el proceso de priorización de gastos del 2015 a hacerse efectivo en el 2016. A pesar de que el propio alcalde Sadón Gómez, en plena reunión en su Despacho con dirigentes de ORFAC (Organización Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca, Comunidad de Supayaku), ORASI (Organización Regional Awajún de San Ignacio, Comunidad de Naranjos) y FEDEPAZ como asesora de éstas organizaciones indígenas, dijo abiertamente que convocaría a Wilmer Jeremías, entonces Responsable de la Oficina de Enlace de Asuntos Indígenas.

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Piura: Justicia para los campesinos que sufrieron tortura en el campamento minero de Río Blanco Copper S.A.

Juzgado de investigación preparatoria de Huancabamba, resolvió acumular los dos procesos penales en los que se investigan las torturas que sufrieron 28 campesinos, dentro del campamento minero de Rio Blanco Copper S.A. (Ex Majaz)

campesinos-detenidos-en-el-mataderoAnte la solicitud de los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- FEDEPAZ, quienes representan a las víctimas, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba resolvió acumular en un solo proceso (acumular el Expediente No. 201-2013 al Expediente No. 30-2011) las dos investigaciones penales seguidas contra 17 efectivos policiales, entre ellos dos generales, como responsables de los actos de tortura y secuestro agravado que sufrieron 28 campesinos que se oponían al desarrollo del proyecto minero Río Blanco por afectar sus derechos fundamentales.

Como se recordará entre los días 1 y 3 de agosto de 2005, 28 campesinos fueron torturados por quienes los mantenían cautivos, entre los que se encontraban efectivos de la Policía Nacional, funcionarios y trabajadores de Río Blanco Copper S.A. y de la empresa de seguridad privada Forza, hecho por el cual se iniciaron dos investigaciones penales.

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